Al ratificar el Protocolo, Yibuti se compromete a adoptar medidas eficaces para prevenir el trabajo forzoso, proteger a las víctimas y garantizar que tengan acceso a la justicia.

La ratificación de Yibuti es una muestra de su constante determinación de luchar contra el trabajo forzoso. De hecho, cuando ingresó en la Organización Internacional del Trabajo en 1978, Djibouti ratificó inmediatamente los dos convenios de la OIT sobre trabajo forzoso, el Convenio núm. 29 y el núm. 105, los cuales han sido ratificados hasta la fecha por 178 y 175 países, respectivamente.

El Protocolo establece además que es necesario emprender acciones específicas contra la trata de personas. En efecto, en 2007 Yibuti adoptó una legislación que penaliza la trata de personas. El 2016, complementó su marco jurídico e institucional a través de un enfoque más exhaustivo de la legislación hacia las actividades anti trata, al establecer un órgano de vigilancia, fortalecer la asistencia y la protección a las víctimas durante los procesos judiciales (dándoles, por ejemplo, la posibilidad de solicitar permanecer en el territorio nacional), y permitir que las personas jurídicas sean enjuiciadas y sancionadas y que sus bienes sean confiscados.