Mauritania se suma a Níger, Noruega y el Reino Unido, primeros países que han asumido el compromiso formal de aplicar el Protocolo de la OIT sobre el trabajo forzoso.

Hamoud Ould T’Feil Ould Bowbe, Director General de Trabajo de Mauritania, reafirmó el empeño del Gobierno en erradicar el trabajo forzoso: “Huelga decir que el Protocolo fortalecerá y complementará el marco de penalización de la esclavitud y formas afines de prácticas de trabajo forzoso, en particular, mediante la promoción de los derechos, la información al público y la concienciación de las posibles víctimas, incluidos los menores, y de la capacitación de los profesionales para que puedan detectar y proteger a las víctimas.”

Desde la declaración de independencia en 1961, Mauritania ha ratificado el Convenio sobre el trabajo forzoso (núm. 29), y, en 1997, el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105). Desde entonces, el país ha seguido fortaleciendo el marco legislativo de lucha contra el trabajo forzoso: en 2003, promulgó una ley relativa a la supresión de la trata, y en 2007 y 2015 aprobó otras para penalizar la esclavitud y las prácticas afines.

Aeneas Chapinga Chuma, Director General Adjunto y Director Regional para África de la OIT, dijo que “la Oficina Regional para África celebra los renovados esfuerzos de Mauritania para luchar contra las prácticas afines a la esclavitud. La ratificación del Protocolo de la OIT constituye un primer paso concreto para establecer el marco jurídico que permita proteger a las personas del flagelo de la explotación y el trabajo forzoso. Encomiamos a Níger y Mauritania por ser los primeros países africanos que ratifican el Protocolo de la OIT de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso”.

Mauritania es también un país piloto del Bridge project (proyecto Puente) destinado a aumentar la capacidad de los ministerios competentes y partes interesadas, para que puedan concebir, aplicar y controlar las políticas y los planes de acción nacionales en materia de trabajo forzoso, impartir formación para mejorar la aplicación de la ley, y respaldar campañas de sensibilización del público, con la mira puesta en erradicar todas las formas de trabajo forzoso. Ello se enmarca en un proyecto de cuatro años financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.