Se estima que al menos 25 millones de mujeres, hombres y niños están en situación de trabajo forzoso en el mundo, lo que afecta a todos los países. Debido a que las repercusiones económicas de la crisis de COVID-19 son más severas para los más vulnerables, un número mayor de personas tiene más probabilidades de ser víctima de prácticas de coerción y explotación en el trabajo, lo cual es considerado trabajo forzoso.

Al ratificar el Protocolo núm. 29 sobre trabajo forzoso de la OIT, Kirguistán se compromete a adoptar medidas efectivas para prevenir el trabajo forzoso y ofrecer a las víctimas protección, acceso a la justicia e indemnización. Kirguistán es el tercer país de Asia Central en ratificar el Protocolo.

Kirguistán ha estado comprometido desde hace tiempo con la lucha contra la trata de personas. En 2005, el Gobierno aprobó la Ley núm. 55 sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos (Anti-Trafficking Act). Además, el país aprobó un Plan de Acción Nacional para combatir la trata de seres humanos para 2017-2020 y ha adoptado medidas para mejorar la protección y la asistencia de las víctimas, por ejemplo, a través del Decreto núm. 493 del 19 de septiembre 2019, el cual instaura un mecanismo de referencia nacional para las víctimas de la trata de personas. Este decreto incluye programas individualizados para apoyar a las víctimas de la trata de personas.

Con esta ratificación, Kirguistán también da un paso importante hacia el logro del trabajo decente y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Decente 2030 de las Naciones Unidas, en particular la meta 8,7 de  los ODS.