La decisión del Gobierno de Chipre de ratificar el Protocolo sobre trabajo forzoso lleva a siete el número de Estados miembros de la Unión Europea que lo han hecho.

La ratificación da continuidad a los esfuerzos desplegados por Chipre para mejorar las leyes, las políticas y las estrategias dirigidas a combatir la esclavitud, incluso en lo que se refiere a la formación de los inspectores de trabajo.

“Dada la magnitud de la esclavitud moderna en todas sus formas, era importante para nuestro gobierno ratificar el Protocolo sobre trabajo forzoso de la OIT, una norma del trabajo de vital importancia estratégica”, declaró Zeta Emilianidou, Ministra de Trabajo, Bienestar y Seguridad Social de Chipre.

“A fin de complementar el marco legislativo, institucional y administrativo vigente, estamos elaborando un Plan de Acción para dar pleno efecto a las disposiciones del Protocolo sobre trabajo forzoso, movilizando los recursos necesarios y las partes interesadas para lograrlo”, agregó.

En 2014, Chipre fortaleció su marco jurídico e institucional de lucha contra la trata de personas al adoptar una nueva ley; la cual reforzó la protección de las víctimas al concederles el derecho a la indemnización, así como a la inmunidad judicial si fueron obligados a cometer un crimen como consecuencia directa de su condición de víctima de la trata.

El actual Plan de Acción Nacional contra la trata de seres humanos se basa en las disposiciones de una directiva del Parlamento Europeo sobre la trata de personas, adoptada en 2011. Centrado en la coordinación, prevención, identificación, protección y asistencia de las víctimas, el Plan de Acción incluye medidas prácticas y acciones concretas que deben ser implementadas dentro de plazos de tiempo determinados.