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Mejorar el acceso de las víctimas de trata de seres humanos a la protección y la reparación; Bélgica y los Países Bajos

18 octubre 2021

Un nuevo estudio técnico emprendido por la oficina de la OIT en Bruselas analiza, circunscribiéndose a Bélgica y los Países Bajos, las dificultades de las víctimas de la trata de seres humanos para acceder a la protección y reparación.

Foto: “Gracias a todas las personas del centro de acogida que me guiaron hacia la luz”. Mujer de China © PAG-ASA, Massimo Timosi

©lisakristine.com

Bélgica y los Países Bajos han ratificado el Protocolo de la OIT relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, y, por lo tanto, se han comprometido a prevenir todas las formas de esta lacra, incluidas aquellas en las que hay víctimas de la trata de seres humanos, a proteger a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia. Recientemente, la oficina de la OIT en Bruselas inició un estudio técnico a fin de analizar la evolución y los problemas relativos al acceso de las víctimas de la trata de seres humanos a protección contra la explotación laboral y a un mecanismo de reparación en estos dos países (ya se dispone del resumen ejecutivo del informe, además de las conclusiones fundamentales, los puntos para la acción y recomendaciones). 50 for Freedom conversó con las autoras del estudio, Irene Wintermayr y Amy Weatherburn, interesándose por los detalles de la investigación.

Irene Wintermayr,
Oficial de Políticas,
Oficina de la OIT para la Unión Europea
y los países del Benelux
Dr Amy Weatherburn,
Investigador postdoctoral (FNRS-F.R.S),
Centro de Derecho Europeo e Instituto de Estudios Europeos,
Université Libre de Bruxelles

50 for Freedom (50FF): ¿Qué las motivó a emprender esta investigación juntas?

Irene:  Conocí a Amy en un refugio para víctimas de la trata de seres humanos en Bruselas, donde ambas trabajamos como voluntarias. En mi caso, ayudaba en los turnos de noche del refugio. Como muchas de estas personas permanecen en el refugio varios meses, con algunas entablé una relación estrecha; por la noche solíamos conversar sobre sus esperanzas y preocupaciones para el futuro. Todas las personas que conocí eran víctimas de trata reconocidas, pero en muchos casos no estaba claro si la investigación penal sobre su caso continuaría. Esto les preocupaba muchos, pues si la investigación se detenía, ello suponía –en la mayoría de los casos– la pérdida de la condición formal de “víctima de la trata” y todos los derechos conexos, incluido el permiso de residencia. Para muchos significaba que después de haber vivido años o incluso un decenio en Europa, tenían que volver al país de origen, donde las posibilidades de forjarse una vida eran nulas.

Amy: Efectivamente, nuestra participación en el refugio para víctimas de la trata de seres humanos fue el verdadero punto de partida de nuestro proyecto de investigación. Además, ambas estábamos familiarizadas con la literatura contra la trata en nuestra vida profesional: Irene trabaja como responsable de políticas para la OIT y yo soy una investigadora centrada en la aplicación del derecho penal en relación con la trata de personas con fines de explotación laboral. Para esta investigación, nos interesaba mucho examinar las vías de acceso de todas las víctimas de la trata de seres humanos a la justicia y a la protección, hubieran o no sido reconocidas formalmente como tales. En concreto, queríamos averiguar qué opciones hay para las personas que claramente han estado en una situación de explotación pero que no han sido reconocidas formalmente como “víctimas” o que han perdido su condición. Tal puede ser el caso, por ejemplo, de la interrupción de la investigación penal sobre su caso, o si se niegan a cooperar con las autoridades. En nuestra investigación, examinamos las vías de acceso a la reparación en los tribunales penal, civil o laboral, la forma en que los inspectores del trabajo pueden facilitar el acceso a las indemnizaciones y la disponibilidad de fondos estatales de indemnización (como en el caso de las víctimas de delitos, de accidentes del trabajo o de insolvencia cuando el empresario ha quebrado).

50FF: ¿Cómo realizaron la recogida de información?

Amy: Teníamos la suerte de que, tanto en Bélgica como en los Países Bajos, hay investigaciones sólidas, estudios e información sobre la estructura institucional y las políticas vigentes. Así que empezamos con la investigación documental, estudiando más de cerca el marco jurídico y político existente. Pero, como deseábamos precisar tanto los obstáculos como las buenas prácticas, también queríamos saber cómo funcionaban estas diferentes vías en la práctica. Para ello, seleccionamos a una serie de personas en ambos países, cuyo trabajo cotidiano es asistir a las víctimas de la trata de seres humanos o a personas en situación grave de explotación laboral. Entrevistamos a profesionales de centros especializados de acogida o de coordinación para víctimas de la trata, a organizaciones de apoyo a los derechos laborales, fiscales del trabajo, sindicalistas e inspectores del trabajo.

Irene: Estas conversaciones fueron muy positivas e inspiradoras. Todas las personas que entrevistamos son profesionales comprometidos y competentes, dedicados a asistir a quienes han sido víctimas de la trata. Realmente realizan una labor muy importante para las personas explotadas.

50FF: ¿Hubo conclusiones de la investigación que les resultaran sorprendentes?

Amy: Una conclusión importante que se desprende de nuestra investigación es que el papel y la ayuda de los sindicatos y de las ONG especializadas son indispensables para que las víctimas puedan hacer uso de los diferentes mecanismo disponibles para reclamar una reparación o una indemnización en ambos países. Muchas víctimas se encuentran en una situación muy precaria, pueden no tener permiso de residencia, no hablar el idioma ni tener suficientes recursos económicos, y no están acostumbradas a tratar con las autoridades. En consecuencia, desconocen los diferentes canales para obtener una reparación o una indemnización, y sus posibilidades de navegar por ellos es casi imposible sin organizaciones que los asistan. Decididamente, en ambos países es preciso aumentar los recursos y el mandato de dichas organizaciones.

Irene: Solemos pensar en cómo pueden las víctimas lograr justicia. Ahora bien, según varias personas a las que entrevistamos, muchas víctimas, en particular de los Estados miembros de la UE, prefieren recomenzar rápidamente y encontrar un nuevo trabajo antes que verse envueltas en procedimientos formales potencialmente prolongados, y en trámites con las autoridades. Por lo tanto, su principal preocupación es recibir sus salarios atrasados, y recibirlos de forma no burocrática y expeditiva. Muchos están incluso dispuestos a aceptar una cantidad inferior a la que les corresponde si la reciben rápidamente. Esto puede tener que ver con que, sobre todo las víctimas en situación irregular, no desean llamar la atención de las autoridades y correr el riesgo de ser deportadas a su país de origen. Además, implicarse o iniciar un procedimiento judicial es un proceso lento, potencialmente costoso y con un resultado incierto.

50FF: Otro estudio reciente de la OIT ha demostrado el modo en que la crisis de la COVID-19 está afectando particularmente a las personas más vulnerables y menos protegidas y aumentando el riesgo de trabajo forzoso y trabajo infantil. ¿Repercutió la pandemia también en el acceso de las víctimas a protección y reparación?

Amy: Estábamos terminando las últimas entrevistas en abril de 2020, cuando Bélgica y los Países Bajos decretaron el confinamiento. Era evidente que la pandemia de COVID-19 incidiría en el acceso a la protección y la reparación debido, por ejemplo, a la reducción de la capacidad de los inspectores del trabajo para llevar a cabo inspecciones en los lugares de trabajo, ya que sus recursos se reorientaron a garantizar el cumplimiento de las medidas de COVID-19. Es probable que ello se traduzca en una reducción del número de remisiones y/o de registros de víctimas de la trata de seres humanos.

Irene: Pudimos mantener conversaciones de seguimiento con varias de las organizaciones a las que habíamos entrevistado, para hacernos una idea del efecto de la pandemia de COVID-19 y de las medidas adoptadas para hacerle frente. Nos contaron, por ejemplo, que la pandemia había provocado una acumulación de casos, así como la restricción de la disponibilidad de los servicios que suelen prestarse a las víctimas de la trata de seres humanos.

50FF: ¿Qué esperan conseguir con la publicación del informe?

Amy: Somos conscientes de que tanto Bélgica como los Países Bajos están relativamente avanzados en el marco institucional y político que tienen para proporcionar acceso a la protección y a los recursos a las víctimas de la trata de seres humanos. Pero esperamos que el informe induzca o alimente procesos de reflexión sobre cómo hacerlo más eficaz en ambos países. Algunos de los puntos de acción que proponemos incluyen una serie de medidas sumamente sencillas y viables que podrían aplicarse con bastante rapidez, sin necesidad de cambios legislativos o políticos. Por ejemplo, un  procedimiento penal da margen para reclamar los salarios impagados o daños y perjuicios por accidentes laborales, pero estos recursos parecen no utilizarse sistemáticamente. Esto significa que la víctima tiene que iniciar un proceso judicial civil adicional para reclamar los salarios no pagados y los daños y perjuicios.

Irene: Nuestro informe también incluye importantes puntos de acción que quizá necesiten más reflexión y consulta con las partes interesadas. Entre ellos figuran cuestiones sobre cómo ampliar y mejorar la protección de los trabajadores migrantes en situación irregular, para ayudarles a presentar denuncias o iniciar procedimientos judiciales. Otra cuestión clave es garantizar que los inspectores del trabajo, las fuerzas de seguridad y, más importante aún, los fiscales y los jueces, dispongan de recursos suficientes y de formación continua en materia de trata de seres humanos, a fin de aumentar el índice de detección, reconocimiento formal y procesamiento.

50FF: El informe enumera una serie de recomendaciones prácticas sobre la forma de mejorar el acceso de las víctimas a protección y a reparación. Si pudieran escoger una recomendación que debiera llevarse a la práctica, ¿cuál sería y por qué?

Amy: Para mí sería garantizar la desvinculación del reconocimiento formal de las víctimas de la obligación de cooperar con el proceso penal. Por muchas razones, como la falta de confianza en las autoridades o el miedo a las represalias de sus explotadores, no todas las víctimas están dispuestas a cooperar con las autoridades. En la actualidad, en ambos países esta condicionalidad –contraria a las obligaciones jurídicas internacionales y regionales[1]– significa que no todas las víctimas tienen acceso a la asistencia y la reparación a las que deberían tener derecho. Lo más importante es que no existe ningún mecanismo alternativo para las víctimas que no desean cooperar con los procedimientos judiciales. Además, es necesario reforzar la protección que se presta a los trabajadores migrantes en situación irregular para ayudarles a presentar denuncias, ya sea por la vía penal, civil o laboral.

Irene: Para mí, sería estudiar cómo se podrían utilizar las multas administrativas de forma más eficaz y rápida en beneficio de los trabajadores. Esto no sustituiría el ejercicio de la acción judicial en caso de trata de seres humanos, ni debería impedir que los trabajadores iniciaran el procedimiento, sino que debería ser complementario. Es importante, ya que parece ser un elemento crucial para muchas víctimas.

50FF: Además de formular recomendaciones, enumeran buenas prácticas vigentes que podrían inspirar a otros países. ¿Podrían exponer algunas?

Irene: Hemos descrito prácticas singulares de cada país que podrían servir de inspiración al otro, aunque esperamos que inspiren también a los responsables políticos más allá de Bélgica y los Países Bajos.

Por ejemplo, como he dicho antes, muchos trabajadores explotados simplemente quieren seguir adelante con su vida lo más rápido posible y recuperar los salarios impagados. Una estrategia que incluimos como buena práctica es el uso de “pagos in situ” aplicada por los inspectores que velan por el cumplimiento de la legislación social en Bélgica. Si en el curso de la inspección de un lugar de trabajo estos funcionarios constatan la presencia de trabajadores con salarios impagos, pueden exigir al empresario que los pague en el acto. Cabe destacar que si el empresario no puede demostrar lo contrario, los inspectores pueden dar por sentado que la persona ha estado trabajando para el empresario durante tres meses. Se trata de una buena práctica, ya que atiende las necesidades de las posibles víctimas, de percibir los salarios atrasados en un momento puntual.

Amy: La opción holandesa del anticipos de los pagos reconoce que, pese a las indemnizaciones concedidas por los jueces, en la práctica, la recuperación efectiva de la indemnización por parte de las víctimas es difícil. En los Países Bajos, si después de ocho meses el culpable aún no ha pagado la indemnización, el gobierno interviene y adelanta la indemnización a la víctima. La previsión de un mecanismo financiado por el Estado tiene realmente en cuenta el interés de las víctimas y su derecho a una reparación efectiva, pues se traslada al Estado la carga de la recuperación de la indemnización concedida de la víctima.


[1] La Recomendación núm. 203 de la OIT, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, y la Directiva de la Unión Europea de lucha contra la trata de seres humano estipulan que el acceso a la protección no se supeditará a la voluntad de la víctima de cooperar en la investigación penal. El párrafo 5(2) de la Recomendación de la OIT sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), el Artículo 11(3) de la Directiva 2011/36/EU de 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, y el instrumento que la sustituye, la Decisión marco del Consejo 2002/629/JAI Boletín Oficial, de 15 de abril de 2011, págs. 1–11; el Artículo 12 (6), del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (2005).