Panamá se convierte en el primer país de las Américas en ratificar el Protocolo sobre trabajo forzoso, reforzando así su compromiso internacional para luchar contra la esclavitud moderna, incluso la trata de seres humanos.

Por consiguiente, es el primer país en la región que ha ratificado los tres instrumentos de la OIT sobre trabajo forzoso, las otros dos son el Convenios sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), que Panamá en mayo 1966.

La ratificación tiene lugar un año después de la visita del Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a la Conferencia Internacional del Trabajo, cuando firmó el panel de 50 for Freedom para demostrar su apoyo a la campaña de la OIT que tiene por objetivo promover la ratificación y sensibilizar a la opinión pública sobre la esclavitud moderna.

“La ratificación es una reafirmación de la visión de Panamá de no tolerancia al trabajo forzoso y al trabajo infantil. La firma se logró gracias a dos actores fundamentales, el Ministerio del Trabajo, bajo el liderazgo del Ministro Luis Ernesto Carles, con el respaldo a nivel de Estado por parte del Presidente Juan Carlos Varela”, declaró Rorix Javier Nuñez, Jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional. “Nos sorprendió ser el primer país de América latina en ratificar. Es clave que el Protocolo tenga el respaldo de todas las Naciones de la OIT”, añadió.

Panamá posee un sólido marco legislativo para combatir todas las formas de trabajo forzoso. En 2011, adoptó una nueva ley contra la trata de personas y las actividades relacionadas con la trata. Esta ley ofrece una definición más amplia del crimen de la trata y adiciona al Código Penal un nuevo capítulo sobre un número de delitos relacionados con la trata, incluyendo el trabajo forzoso y la esclavitud.

En lo que se refiere a las instituciones, en Panamá existe una Comisión Nacional contra la trata de personas, que adoptó el plan nacional contra la trata de personas para el período 2012-2017. Este plan prevé intervenciones en cinco ámbitos estratégicos: prevención, protección de las víctimas, represión; cooperación nacional e internacional; supervisión y control de la implementación del plan.

El Protocolo sobre trabajo forzoso es un instrumento jurídicamente vinculante que requiere que los gobiernos adopten nuevas medidas dirigidas a prevenir la esclavitud moderna, proteger a las víctimas y garantizarles acceso a la justicia y a la compensación.