Es el sexto país europeo en ratificar el Protocolo, después de Francia, Estonia, Noruega, la República Checa y el Reino Unido.

Después de recibir el instrumento de ratificación en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, el Director General de la OIT declaró:

“Finlandia ha manifestado su determinación de unirse a la acción mundial para poner fin a este flagelo de una vez por todas”.

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Terhi Hakala, Embajadora, Misión permanente de Argentina ante las Organizaciones Internacionales en Ginebra, y Guy Ryder, Director General de la OIT
© Organización Internacional del Trabajo /Marcel Crozet

La Representante permanente de Finlandia ante las Naciones Unidas en Ginebra, la Embajadora Terhi Hakala, definió el trabajo forzoso como “una grave violación de los derechos humanos de los trabajadores”.

“Urge reforzar la labor de la OIT así como el compromiso de sus mandantes para prevenir el trabajo forzoso, proteger las víctimas y ofrecerles acceso a compensaciones”, agregó.

La Embajadora Terhi Hakala, destacó además la importancia de dicho Protocolo en la lucha contra el trabajo forzoso, que afecta a cerca de 21 millones de personas en todo el mundo.

“El Protocolo sobre trabajo forzoso apoya la acción dirigida a proteger a las víctimas más vulnerables de la esclavitud moderna en todo el mundo. El Protocolo requiere que los gobiernos adopten medidas para proteger mejor a los trabajadores, en particular a los trabajadores migrantes, de prácticas de contratación fraudulentas y abusivas. Además, hace hincapié en la importancia de los empleadores y de los trabajadores en la lucha contra el trabajo forzoso. Finlandia está comprometida con la cooperación mundial y la acción nacional a este respecto”.

Finlandia fue uno de los primeros países en ratificar el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) en 1936, y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), en 1960. Ha desarrollado un sólido marco jurídico e institucional para combatir la trata de personas, que en Finlandia es un delito penal desde 2004. Una primera Estrategia nacional para combatir la trata de seres humanos fue adoptada en 2005. Más recientemente fue nombrado un Relator nacional sobre la trata de seres humanos.