Con la ratificación del Protocolo sobre trabajo forzoso por parte de Islandia, un total de quince países en el mundo se han comprometido a respetar este tratado internacional desde que fue adoptado en la Conferencia Internacional del Trabajo en 2014.

La OIT estima que 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, generando cerca de 150.000 millones de dólares en ganancias ilícitas. El trabajo forzoso asume formas diversas, desde la explotación sexual forzada a la servidumbre por deudas, e inclusive la trata de seres humanos y la esclavitud.

El Protocolo requiere que los Estados adopten medidas eficaces para prevenir el trabajo forzoso, proteger a las víctimas y garantizarles un acceso a acciones de reparación eficaces, como la indemnización.

Thorsteinn Víglundsson, Ministro de Asuntos Sociales e Igualdad de Islandia y Guy Ryder, Director General de la OIT

Thorsteinn Víglundsson, Ministro de Asuntos Sociales e Igualdad de Islandia y Guy Ryder, Director General de la OIT

“La importancia del Protocolo reside en que aborda nuevas y más sofisticadas formas de trabajo forzoso”, declaró Thorsteinn Víglundsson, Ministro de Asuntos Sociales e Igualdad de Islandia.

“Con frecuencia, las víctimas del trabajo forzoso y de la trata de personas son trabajadores migrantes. Muchos de ellos son mujeres y niñas, principalmente en el trabajo doméstico y en la explotación sexual con fines comerciales. A lo largo del último año, Islandia ha experimentado un aumento en el flujo de trabajadores migrantes que necesitan protección. El Protocolo es un buen instrumento para orientar a los gobiernos y los interlocutores sociales a elaborar sus políticas en esta materia”, agregó.

Islandia ha estado comprometida con la lucha contra el trabajo forzoso desde hace mucho tiempo. El país ha desarrollado un marco legislativo sólido para combatir la trata de personas con la adopción en 2003 de enmiendas al Código Penal y el lanzamiento de una campaña de sensibilización contra la trata de mujeres.

En abril de 2013, el Gobierno adoptó su segundo Plan de Acción 2013-2016 para combatir la trata de seres humanos, el cual abarcaba cuatro áreas prioritarias: prevención y formación; asistencia y protección de las víctimas; investigación y enjuiciamiento de los casos; coordinación, cooperación y evaluación.