“Con la ratificación de este convenio España da un paso más en la estrecha colaboración con la OIT y consolida su posición de liderazgo en la defensa de la mejora de las condiciones laborales como el país que más convenios ha ratificado”, declaró la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez García.

“Me complace recibir este instrumento de ratificación que demuestra una vez más el continuo compromiso de España en la lucha contra el trabajo forzoso”, dijo el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder. “Esta ratificación interviene el día siguiente a la publicación de la estimación mundial de la esclavitud moderna, la cual evidencia la urgencia de adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar este crimen. El compromiso de España es un paso importante para alcanzar el objetivo de 50 ratificaciones del Protocolo antes del fin de 2018 promovido por la Campaña “50forfreedom”.

Según la estimación global, 24.9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en el mundo, de las cuales 4.8 millones en la forma de explotación sexual.  El trabajo forzoso en la economía privada genera ganancias anuales de 150.000 millones de dólares por año. Las víctimas son sometidas a explotación en diversos sectores de la economía, como el trabajo doméstico, la construcción, la manufactura, la agricultura y la pesca.

El Protocolo exige a los Estados que adopten medidas efectivas para combatir el trabajo forzoso, incluido el trabajo por servidumbre de deudas, el trabajo doméstico forzoso, y la trata de personas, y que ofrezcan a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación, tales como una indemnización.

España posee una larga experiencia de lucha contra el trabajo forzoso. Fue uno de los primeros países en ratificar el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en 1932. Ha desarrollado un marco jurídico e institucional sólido para combatir la trata de personas: en particular con la adaptación constante de las disposiciones represivas pertinentes del Código penal; con la adopción en 2009 de un primer Plan Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual; y con el papel específico desempeñado por la inspección del trabajo en la detección de las conductas delictivas derivadas de la explotación en el trabajo o de la trata de personas.