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Los jueces de paz, aliados en la lucha contra el trabajo forzoso en el Perú

17 febrero 2020

En el marco de sus iniciativas para la erradicación del trabajo forzoso en la región amazónica del Perú, la Organización Internacional del Trabajo está trabajando en colaboración con las comunidades más afectadas.

Foto: Jueces de paz al final de un taller organizado por la OIT en Ucayali, Perú. © OIT

©lisakristine.com

Una red de jueces de paz se ha sumado a las actividades de la Organización Internacional del Trabajo para erradicar el trabajo forzoso en la región amazónica del Perú.

Hombres trabajando en un campamento de tala ilegal en Ucayali, Perú. © OIT

Desde hace decenios, esta región se ve afectada por la tala ilegal, una actividad que tiene un impacto devastador en el paisaje y el medio ambiente, y que además ha arruinado la vida de generaciones enteras de comunidades predominantemente indígenas que han caído presas del trabajo forzoso.

Muchos de estos leñadores son captados por intermediarios laborales que, con el señuelo de adelantos salariales, alimentos e intercambios de madera, los hacer caer en la servidumbre por deudas. En poco tiempo, los trabajadores se ven atrapados en un ciclo de deuda y servidumbre que se traspasa de generación en generación.

En el marco de Bridge Project, un proyecto de la Organización Internacional del Trabajo que respalda las iniciativas de lucha contra el trabajo forzoso, se ha impartido formación a 130 jueces de paz tanto de los distritos de alto riesgo de Ucayali, San Martín y Loreto, en la región del Amazonas, como de Cusco y Puno, en la región del altiplano.

En Perú hay más de 5.800 “jueces de paz”. Se trata de antiguos miembros de las comunidades, elegidos por sus conciudadanos para ocuparse de temas que requieren de reconciliación, y para contribuir a la resolución de conflictos en la comunidad a la que pertenecen. Puesto que conocen los problemas de los vecinos, están en condiciones de crear conciencia sobre el trabajo forzoso, en especial en el caso de zonas rurales remotas.

Una vez que estos jueces de paz han recibido formación, aplican las pautas elaboradas por el proyecto en colaboración con la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) y de su oficina local en Ucayali, para detectar casos de trabajo forzoso y actuar en consonancia, o para adoptar medidas de prevención.

“Sabemos que a los jueces de paz se nos elige en función de nuestra buena actitud hacia la población. Esto ayuda a resolver conflictos y a sancionar actos irregulares en la comunidad; también en el caso del trabajo forzoso”, dijo Rudbel Gaspar, juez de paz en el distrito de Neshuya, Ucayali, en la Selva Central del Perú.


Rudbel Gaspar. © OIT

Leyla Shahuano, jueza de paz en el distrito de Yarinacocha, también de Ucayali, dijo que ya considera parte de su labor la prevención del trabajo forzoso, y la determinación de las medidas que deben adoptarse respecto de las víctimas del trabajo forzoso. “Las mujeres están levantándose y asumiendo su capacidad para tomar decisiones en nuestras comunidades amazónicas. Evitar que las personas caigan en esa situación es una de las tareas de los jueces de paz; para ello, tenemos que trabajar juntos con las autoridades municipales de nuestras aldeas”, dijo.


Leyla Shahuano. © ILO

 

Avances y dificultades

El objetivo principal de Bridge Project, iniciativa financiada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, es luchar contra el trabajo forzoso mediante intervenciones vinculadas a la prevención y la mejora de la política pública.

“Se han logrado avances en esferas tales como la criminalización del trabajo forzoso, la mejora del marco normativo de las inspecciones del trabajo, y la formulación de programas de capacitación para los operadores de justicia; sin embargo, los retos siguen siendo grandes”, dijo Teresa Torres, coordinadora del proyecto Bridge Project.

“Esperamos que el Perú ratifique el Protocolo de 2014 relativo al Convenio de la OIT sobre trabajo forzoso, ya que esta norma establece medidas centradas en la prevención de los casos, la protección, el acceso a la justicia y la recuperación de las víctimas, y en la solución de factores que agravan el riesgo de trabajo forzoso.”

 

El Gobierno del Perú ha declarado el 1º de febrero como Día de Lucha contra el Trabajo Forzoso. Es el día en que se conmemora la ratificación por el Perú del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29).